La organización ecosocialista recuerda que en marzo de 2015 el pleno rechazó su iniciativa para clarificar la existencia de ilegalidades en la compra de un local
Sí se puede recuerda que ya advirtió de las irregularidades en el asunto de la compra de un sótano por parte del Ayuntamiento de Tegueste y señala que el pleno de la corporación rechazó en marzo de 2015 una moción de la organización ecosocialista para crear una comisión de investigación sobre los hechos, que fue rechazada por la corporación sin debatirse.
En aquella ocasión, el grupo de gobierno de CC rechazó la iniciativa de Sí se puede sin debate y sin argumentaciones, haciendo uso abusivo de su mayoría absoluta, mientras que el PP se abstuvo. Sí se puede decidió poner el asunto en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que finalmente ha decidido tramitar la investigación del alcalde por este asunto.
“Sí se puede tiene la responsabilidad de hacer oposición y fiscalizar la acción del gobierno municipal de Tegueste, tal como le confiaron sus votantes en las últimas elecciones –apunta el portavoz ecosocialista en la corporación metropolitana, Manuel Martín–. Hemos cumplido con nuestro papel y ahora, en este caso, corresponde que se pronuncien los tribunales”.
El asunto que motiva la investigación de la Fiscalía consiste en un procedimiento de compra de un sótano que costó más de 400.000 euros, en una operación en la que se detectaron serias deficiencias de procedimiento, que podrían dar lugar a que el ayuntamiento hubiera cometido ilegalidades en el proceso.
Entre las irregularidades más llamativas, Sí se puede destacó en su moción ante el pleno la resolución de la compra por procedimiento negociado sin publicidad en el breve periodo de tres meses, las modificaciones del pliego de condiciones el mismo día que la empresa vendedora presentaba su oferta, y la existencia de valoraciones de bienes por los técnicos de la empresa vendedora aceptadas por el ayuntamiento sin tasación por un funcionario público.
Además, no existían informes de funcionarios públicos que avalaran la compra, tal y como establece la normativa, mientras que la licencia de la edificación estaba cuestionada y tampoco estaba permitido el cambio de uso de garajes a otros usos no contemplados en dicha licencia.
Se da la paradoja de que el gobierno municipal de CC justificaba la compra de este sótano para destinarlo a la Escuela de Música, que fue cerrada por sorpresa el año siguiente, provocando un rechazo ciudadano considerable. En ese edificio se ubica en estos momentos la oficina municipal del Consorcio de Tributos, por los que el ayuntamiento paga mensualmente alrededor de 800 euros en concepto de gastos de comunidad, lo que resulta más caro que cuando la corporación pagaba un alquiler para el alojamiento de su oficina de tributos.
