Este
pasado martes el concejal de Sí se puede en Tegueste, Manuel Antonio
Martín, defendió en el pleno una moción que reclama la paralización del
Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de
Patrimonio Histórico de Canarias.
La
moción contó con el apoyo de todos los grupos municipales, salvo la
abstención de Coalición Canaria. Esta iniciativa, presentada en diversas
instituciones de las Islas, reclama un verdadero participativo en la
modificación de un documento que, según destacadas organizaciones
sociales y personas vinculadas al mundo del patrimonio, es fundamental
para proteger y fomentar el patrimonio canario.
El concejal de Sí se puede
cree que los apoyos que esta iniciativa popular está obteniendo en los
ayuntamientos “deberían servir para que el Gobierno canario
reflexione al respecto y detenga este anteproyecto, para garantizar la
participación de la ciudadanía”.
Tegueste se pronuncia contra la nueva ley de Telecomunicaciones
Sí se puede también
logró que el Pleno de Tegueste aprobara una iniciativa de la Plataforma de
Afectados por las Antenas de Telefonía Móvil de Canarias (PLANMOCAN) rechazando
la Ley de Telecomunicaciones (Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones)
por atentar contra la autonomía municipal y autonómica.
Esta moción
contó con el apoyo unánime del pleno y rechaza esta iniciativa del PP ante el
aumento exponencial de una nueva contaminación ambiental, proveniente de los
campos electromagnéticos artificiales de alta frecuencia, fácilmente
constatable en la expansión de las radiofrecuencias por la implantación de las
redes de telefonía móvil y una interminable lista de dispositivos de tecnología
inalámbrica.
La iniciativa de
PLANMOCAN asegura que la nueva de Ley de Telecomunicaciones (Ley 9/2014, de
9 de mayo, de Telecomunicaciones), somete directamente el despliegue de redes
públicas de comunicaciones electrónicas a las disposiciones del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, en nombre de la competencia exclusiva del estado,
usurpando la competencia municipal para otorgar licencias (perdiendo el estudio
de la evaluación ambiental) y las competencias municipales y autonómicas en el
campo de las telecomunicaciones (medio ambiente, ordenación urbana y
territorial y salud pública).
