viernes, 14 de noviembre de 2014

Sí se puede rechaza que se siga pagando con dinero público los defectos del Plan General de Tegueste

Afirman que estos defectos se vienen reiterando año tras año, desde al menos el 2010

En junio de este año el Gobierno de Canarias volvió a detectar más de 30 defectos en el Plan, y aún así una semana después el alcalde ordenó otro pago más de 5.778 € al arquitecto redactor. El coste de este plan ha duplicado su coste inicial.

La entrada en vigor de este PGO de Tegueste es inminente, después de 12 años de tramitación, y después de haber sido corregido en reiteradas ocasiones, en la sesión de 30 de junio de este año el documento seguía presentando defectos y la Consejería asume resolverlos para que se publique y entre en vigor definitivamente.

Sí se puede en Tegueste declara que es ya la séptima vez que va el documento al Gobierno de Canarias y sigue presentando deficiencias desde el 2010. Afirman que los perjuicios de esta gestión nefasta del Plan no es solo la tardanza en aprobarse y el coste, sino también que los equipamientos y servicios públicos estén a la espera de la disponibilidad de suelo y de acometer proyectos de interés social como la piscina o la vivienda protegida, con el problema que existe en Tegueste de vivienda para jóvenes, etc.

Manuel Antonio Martín, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Tegueste, afirma que “después de todos estos años y de que el Ayuntamiento haya pagado más de 250.000 euros por la redacción de este documento, habrá que conocer el Plan porque no ha salido a información pública desde el año 2009, a pesar de los cambios que ha sufrido”.


La formación política de izquierda en el Ayuntamiento manifiesta su rechazo a toda la gestión de este planeamiento, que no ha contado con el consenso de las fuerzas políticas ni de las asociaciones de vecinos, que ha más que duplicado su coste inicial, y que ha supuesto el retraso en la ejecución de proyectos de mucho interés para Tegueste. Estas acciones son para Martín un ejemplo de mala gestión, que “pone en entredicho la capacidad de gestión del alcalde como responsable de Urbanismo”.