La reforma del Código Penal incluye nuevos delitos
que apuntan directamente hacia colectivos como activistas, inmigrantes y
personas sin recursos
Los ediles de Sí se puede y de X Tegueste, Manuel
Martín y Daniel Villalba, logran que el Pleno municipal rechace la reforma del
código penal, gracias a la abstención de CC.
Ambos concejales denuncian con su moción la
gravedad de las reformas legislativas en materia penal y procesal impuestas por
el Gobierno del Estado (Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de
Enjuiciamiento Criminal y Ley de Seguridad Privada), con las que se construye una
justicia para ricos y otra para pobres, una justicia que se privatiza, una
justicia dirigida a obstaculizar las libertades civiles, a castigar la protesta
social pacífica, que arremete especialmente contra aquellas personas en
situación de pobreza y precariedad.
Martín y Villalba, entienden que “nos encontramos
ante un verdadero estado de necesidad política provocado por la deslealtad
democrática del actual Gobierno, quien mediante las denunciadas iniciativas
legislativas está elaborando una urdimbre jurídica extraordinariamente alejada
de un sistema democrático atento a las libertades y derechos fundamentales, y
mucho más próxima a un sistema autoritario que francamente creíamos ya
olvidado", suscribiendo el pronunciamiento hecho por más de 60 catedráticos de derecho penal de 33
universidades españolas.
Las organizaciones teguesteras afirman que la
reforma del Código Penal se incluyen nuevos delitos que apuntan directamente
hacia colectivos que no suponen un peligro para la sociedad, como activistas, inmigrantes
y personas sin recursos, y sin embargo no se endurece el castigo contra la
corrupción ni contra otros delitos cometidos sólo por quien maneja grandes
cantidades de dinero. “No creemos que esto tenga justificación alguna,
precisamente ahora que la ciudadanía está sufriendo las consecuencias de la
crisis y el país atraviesa uno de los episodios más escandalosos en materia de
corrupción” explican.
Manifiestan que “conductas como la venta del
topmanta, resistirte pacíficamente en un acto de protesta, parar un desahucio o
protestar en una sucursal bancaria serán castigadas con penas de cárcel, sin
embargo, el fraude a la Hacienda pública no será juzgado como delito si no
supera los 120.000 euros, esto rompe con cualquier criterio de proporcionalidad
en la pena”.
El acuerdo final alcanzado por el Pleno de
Tegueste reclama al Gobierno del Estado la retirada - derogación de los
proyectos de reforma o leyes aprobadas en materia penal que restringen
garantías y derechos de los ciudadanos, en concreto, la reforma del Código
Penal, Ley de Seguridad Ciudadana y Ley
de Enjuiciamiento Criminal y Ley de Seguridad Privada.
